Un okupa se instala en un piso de alquiler turístico en Puerto Banús, convirtiendo la vivienda en un prostíbulo ilegal. Desde hace varios años, Silvia alquila su piso turístico ubicado en una exclusiva urbanización en Marbella a 1.500 € la semana.
Casi la cuarta parte de las viviendas que se destinan a la venta, tienen competencia por la zona. Incluso en el mismo edificio, se puede estar ofertando otro piso con características similares. Esto hace que los propietarios tengan que competir, entre otras cosas, en el precio.
Recientemente, la Unión Europea recordó que en el año 2030 el 32% de la energía que se produzca dentro del este territorio debe proceder de energías renovables y con ello se ha vuelto a retomar el debate sobre el “impuesto del sol”.
España es un importante destino turístico y dada la demanda, muchos propietarios deciden alquilar su vivienda para este fin. Asimismo, el número de viajeros que prefiere este tipo de alojamiento está en aumento. Por lo que hay bastante oferta y demanda.
El nuevo Gobierno estudia una serie de reformas con el objetivo de abaratar los precios del alquiler. Entre ellas se encuentran: ampliar la duración de los contratos de alquiler de 3 a 5 años, incrementar las deducciones fiscales para propietarios e inquilinos y limitar las fianzas.
El Gobierno elevará la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento de tres a cinco años, limitará las fianzas adicionales que deben aportarse en un alquiler y excluirá de la Ley de Arrendamientos Urbanos la vivienda turística.
En junio del año 2017 comenzaron a funcionar los juzgados especializados en cláusulas abusivas, como una medida que intentaba solucionar el colapso de la Justicia debido al aluvión de demandas por cláusula suelo, hipoteca multidivisa o gastos de formalización.
El Ministerio de Fomento promoverá 20.000 viviendas para destinarlas al alquiler en los próximos 6 años. El objetivo es aumentar la oferta de alquiler y frenar el incremento que se está produciendo en los precios.
La fianza de alquiler es una garantía al arrendador por parte del arrendatario de cumplimiento de las condiciones del contrato.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el vacío legal existente en el último año sobre la devolución del impuesto de plusvalía municipal y lo ha hecho poniéndose del lado de los ayuntamientos.